En el análisis de la ejecución presupuestal existe un error recurrente: asumir que la entidad que más gasta es necesariamente la más eficiente. Esta visión confunde cantidad con calidad y premia a quienes devengan mayores montos, sin evaluar si el gasto realmente contribuye a cerrar brechas sociales o a mejorar la competitividad del territorio. Bajo esta lógica, se privilegia el gasto y no el impacto, lo que incentiva un gasto apresurado al cierre del año fiscal y, en muchos casos, proyectos de baja prioridad o sin sostenibilidad ni impacto.
La ejecución no debe medirse solo en soles devengados. Se debe contrastar el avance financiero con el avance físico real de la obra. Es indispensable que cada sol invertido se traduzca en valor social: mejores escuelas, hospitales que funcionen con personal y equipos, carreteras que conecten economías regionales, infraestructura que dinamice cadenas productivas. Gastar mucho en obras inconclusas, mal diseñadas o sobrecosteadas no es eficiencia; es desperdicio de recursos públicos.
Una propuesta alternativa de medición debería incluir tres dimensiones:
Ejecución presupuestal ajustada por impacto social: ponderar el gasto en función de cuánto contribuye a cerrar brechas en salud, educación, agua y saneamiento.
Relación entre avance financiero y avance físico: cada obra debe reportar no solo cuánto se gastó, sino qué porcentaje real de ejecución física se alcanzó, con mecanismos de auditoría independientes.
Indicadores de valor público creado: medir cuántas personas acceden efectivamente a un servicio por la obra terminada, cuánto mejora la productividad local o regional, y cómo impacta en la competitividad.
Solo con esta mirada integral podremos instaurar una verdadera meritocracia en la gestión pública, premiando no al que más gasta, sino al que transforma gasto en bienestar y crecimiento sostenible.
Econ. WILLIAR HIDALGO