El Estado peruano enfrenta el desafío de aumentar su recaudación fiscal dentro de un sistema que sea coherente y predecible, con el fin de fomentar la inversión privada y el crecimiento económico. Este objetivo es crucial, especialmente en 2025, año en el que existe un alto riesgo de que se vuelva a incumplir la regla fiscal por tercer año consecutivo.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en las últimas tres décadas, la recaudación tributaria del país ha fluctuado entre el 13% y el 17% del PBI, ubicándose por debajo de otros países de la región como Chile, Argentina y Brasil, donde la recaudación supera el 23% del PBI.
Esta diferencia obedece principalmente a un alto nivel de informalidad, una baja recaudación a nivel subnacional y un elevado grado de evasión tributaria.
En relación a esto último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el incumplimiento en el pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha significado en promedio una pérdida equivalente al 9% del PBI cada año en los últimos cinco años, lo que se tradujo en más de S/ 99 mil millones en 2023.
Además, normas como la Ley N° 32335, recientemente aprobada por el Congreso de la República, que reemplaza las multas por capacitaciones, contribuyen al aumento del incumplimiento tributario.
Según el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) titulado “¿Qué sistema tributario necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, otra limitante en la recaudación es el mal diseño del sistema tributario actual.
Por un lado, la existencia de diversos regímenes para pequeños contribuyentes desincentiva el crecimiento empresarial, ya que no facilitan la transición hacia el régimen general, fomentan la informalidad y no incentivan la compra ni venta formal.
Por otro lado, existen altos umbrales a partir de los cuales se aplica el Impuesto a la Renta a las personas naturales, lo que excluye a una gran parte de la población del pago de tributos.
En particular, Luis Alberto Arias, exjefe de la SUNAT, indica que en el Perú se requiere ganar 1.7 veces el ingreso promedio por habitante para pagar IR personal. En comparación, en países de la OCDE como Chile, el umbral es menor: 1.0 vez el ingreso promedio.
Así, la carga tributaria en Perú, recae principalmente sobre una proporción muy pequeña de contribuyentes, ya que apenas el 19% de la población paga el impuesto a la renta del trabajo, en contraste con Chile, donde la cifra es tres veces mayor (56%).
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo el 9% de los trabajadores formales, correspondientes a quienes perciben mayores ingresos, concentran el 90% de la recaudación del impuesto a la renta de quinta categoría.
La recaudación del impuesto a la renta empresarial también evidencia una fuerte concentración: aunque las grandes empresas constituyen solo el 1% del total de firmas, generan el 87% del total recaudado. En cambio, las micro y pequeñas empresas se caracterizan por una productividad laboral muy baja, situación que se ha deteriorado desde 2019.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), mientras en 2019 las grandes empresas eran siete veces más productivas que las microempresas, para 2023 esa brecha se amplió a 23 veces.
A pesar de algunos avances, persisten desafíos importantes en la administración tributaria. Aunque el Perú supera a México y Colombia en el índice Business Ready del Banco Mundial en cuanto a claridad regulatoria, aún se evidencian rezagos en términos de procesos, digitalización, auditoría y resolución de conflictos.
Este sistema requiere de instituciones sólidas, como el MEF, Sunat, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, las cuales se han visto debilitadas por la crisis política desde 2016. Por ejemplo, la Sunat ha tenido siete superintendentes en los últimos años, con una permanencia promedio de solo 17 meses, frente a los 40 meses en Chile.
¿Qué reformas necesita el sistema tributario?
El primer paso sería revisar y reducir los beneficios tributarios, que hoy representan un costo equivalente al 2.2% del PBI. Una alternativa sería eliminar exoneraciones indiscriminadas del IGV y, en su lugar, otorgar transferencias directas a las familias con menores ingresos.
Por ejemplo, el MEF estima que eliminar la exoneración del IGV a productos agrícolas generaría S/ 1,338 millones adicionales al año (0.1% del PBI), cifra superior al presupuesto de programas sociales como Cuna Más o Juntos.
Asimismo, se debe mejorar el régimen del impuesto a la renta de personas naturales y simplificar los sistemas para empresas, con el objetivo de ampliar la base tributaria. Actualmente, solo el 19% de la población paga impuesto a la renta, lo que reduce la participación de las rentas del trabajo al 10.5% de los ingresos totales, por debajo de países como México (23.6%).
Finalmente, una consolidación fiscal sostenible requiere mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar un incremento continuo en la recaudación.
Fuente: Diario Gestión
