IPE: Los créditos informales en el Perú mueven más de S/1,000 millones al año

Según el estudio “El mercado de créditos informales en el Perú”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), al menos 580 mil familias (8% de los hogares urbanos) recibieron un crédito informal de un prestamista o casa de empeño en el último año. El uso más extendido de estos préstamos se da en el oriente y entre los hogares de menos recursos.

El 40% de encuestados ya había recibido un préstamo informal con anterioridad. El financiamiento proveniente de prestamistas o casas de empeño parece ser una práctica común, especialmente entre comerciantes y hogares más vulnerables.

Las principales razones para solicitar créditos informales fueron para pagar deudas, invertir en un negocio y cubrir necesidades básicas. De esta última razón, resultó que más de la mitad prestó para gastos en salud y educación.

El monto promedio de un crédito informal es S/1,722; moviendo más de S/1,000 millones al año, que equivale al 79% de las colocaciones a microempresas y de consumo de todas las Cajas Rurales.

La mayoría de los créditos informales se pagan mensualmente y en un plazo de entre 1 y 6 meses, siendo la modalidad de pago más utilizada el pago en una sola cuota en un mes. Con respecto, a la tasa de interés, el 49% de los que tomaron un crédito informal paga una tasa de interés anualizada de 500% o más.

A pesar, de las elevadas tasas de interés, el 86% de las familias que recibieron un crédito informal en el último año ya lo devolvieron. Un 8% tuvo algún problema con la devolución (más de 40 mil familias urbanas), aunque más de la mitad de estos ya estaría al día.

El 61% no solicitó un préstamo formal porque considera que exigen muchos requisitos. De requerir un nuevo préstamo, el 44% volvería a financiarse a través de un prestamista informal, mientras que el 36% optaría por un préstamo formal.

Para reducir el número de créditos informales, se deben eliminar los topes a las tasas de interés porque restringen el acceso al crédito formal, facilitar el acceso a los servicios financieros formales y mejorar la confianza de la ciudadanía en estas instituciones, especialmente en los hogares de más vulnerables y aprovechar nuevas herramientas, como las billeteras electrónicas, para promover el uso de servicios financieros formales.

 

 

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